La persistencia de la crisis económica ha dejado un balance desolador en términos de igualdad y cohesión social en España. El retroceso en los niveles de renta per cápita, el aumento del desempleo y la precarización del trabajo se han traducido en un avance de las situaciones de pobreza y privación, extendiendo el riesgo de exclusión social a nuevas capas de población y agravando la situación de los colectivos tradicionalmente más vulnerables. Frente a ello, la respuesta de los poderes públicos no ha venido sino a empeorar aún más la situación, con el desmantelamiento progresivo de la política social, bajo el pretexto de la estabilidad presupuestaria.