El ordenamiento no es ciego a los peligros que para la salud e integridad esconde el trabajo y lucha contra ellos introduciendo actuaciones tendentes a eliminarlos o a minorar sus efectos sobre el trabajador. Esta es la razón de ser de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que, por una parte, recoge las directrices básicas que deben orientar las políticas públicas en la materia, y, por otra, regula la deuda de seguridad que impone al empleador, responsable de crear un entorno laboral seguro para sus empleados. La presente obra pretende ofrecer una visión global del régimen jurídico aplicable a la cuestión, esbozado por la mentada norma legal y desarrollado en más de una treintena de reglamentos.